El Gobierno de España quiere poner fin a la especulación con entradas de conciertos y eventos culturales. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incluido en el anteproyecto de la futura Ley de Consumo Sostenible una medida clave: prohibir que las entradas revendidas superen el precio original ajustado al IPC.
Hasta ahora, ya era ilegal el uso de bots para acaparar entradas y revenderlas, pero el nuevo cambio va más allá: busca cortar de raíz el incentivo económico de la reventa. Según fuentes del Ministerio, los precios «desorbitados» en plataformas secundarias seguirán creciendo si no se regulan, ya que los beneficios de estas prácticas dificultan que se cumpla la ley actual.
Esta medida modifica el artículo 20 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y se suma a otras como las sanciones por publicitar pisos turísticos ilegales. En el caso de las entradas, si se detecta una reventa a precio superior al legal, se podrá instar al bloqueo de las webs implicadas y sancionar a los infractores.
La iniciativa no es nueva en Europa. Bélgica prohíbe desde 2013 la reventa habitual sin autorización del organizador, y Francia penaliza desde 2012 la reventa sin permiso del productor del evento. En ambos países, la ley persigue tanto a quienes venden como a quienes habilitan los medios para revender.
Y hay razones económicas de peso. Según un informe de Verified Market Research, el mercado de reventa de entradas en Europa pasará de mover 1.817 millones de euros en 2024 a 7.769 millones en 2030. España, que representa entre el 10% y el 15% del mercado, podría alcanzar los 932 millones de euros anuales si no se toman medidas.
Con esta nueva regulación, el Gobierno espera recuperar la equidad en el acceso a los espectáculos y frenar un mercado que, sin intervención, amenaza con descontrolarse.
